Impartieron la charla "Políticas Públicas en Medio Ambiente", organizada por el CUCSH
Las regulaciones en materia de medio ambiente deben considerar aspectos como el derecho laboral y la migración por el cambio climático, afirmó el doctor Francisco Pérez Amorós, académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, durante su participación en la charla "Políticas Públicas en Medio Ambiente", organizada por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Durante el diálogo transmitido por redes sociales, el especialista señaló que las autoridades locales y nacionales deben cuestionar el papel que juega el trabajo en toda la problemática del medio ambiente y, ante todo, el que juegan las empresas multinacionales en la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales.
Estas consideraciones ayudarían a empatar el derecho al trabajo con el derecho de las personas a tener un medio ambiente sano, pues hasta ahora no hay un derecho jurídico que esté consagrado en algún instrumento legal internacional o nacional, sino que este concepto apela más al deber ser moral, más que una obligación.
Recalcó que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta hoy 25 millones de personas cambiaron su lugar de residencia por cuestiones medioambientales y esos desplazamientos generan a su vez un impacto al entorno que repercute en el aumento de la pobreza a nivel mundial. Para 2050, la ONU prevé que habrá unos 200 millones de desplazados por este motivo.
“Estos migrantes exteriores que salen de un país hasta llegar a un tercero están sacando problemas a todas las autoridades públicas de donde salen, donde pasan y a donde llegan. Eso debe generar preguntas a futuro para generar soluciones a este problema”, indicó.
El doctor Eduardo Torres Alonso, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que el acelerado proceso del calentamiento de la Tierra no tiene sólo que ver con los efectos que tiene en el medio ambiente, sino que atraviesa a todos los actores sociales que inciden en él y que, a la vez, sufrirán las consecuencias del cambio climático.
Puso como ejemplo a quienes se espera que serán desplazados de sus hogares debido al crecimiento de las aguas oceánicas y que se verán en la necesidad de migrar a las zonas más altas para buscar dónde vivir: “Esto generará problemas de densidad poblacional, necesidad de servicios públicos básicos para esos habitantes y hay que ver cómo los gobiernos van a poder satisfacer esas nuevas demandas de servicios”, indicó.
Añadió que las políticas públicas enfocadas al medio ambiente tienen que prever estas necesidades para el futuro y responder a una idea de justicia intergeneracional pensada en que los bienes y recursos naturales no sólo tienen que ser utilizados racionalmente por las generaciones presentes, sino también por las venideras.
La maestra Lizette Rivera Lima, abogada y académica del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), presentó un estudio en el que determinó que a nivel estatal el mayor contaminante en 2018 fue el de monóxido de carbono (CO), en su mayoría producto del transporte público y de los vehículos automotores.
Recordó que este tema ha sido una constante, ya que en 2012, Jalisco ocupó el segundo lugar nacional en contaminación atmosférica, lo que provocó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hiciera una recomendación por violación a los derechos de la salud por falta de un medio ambiente sano.
“Vemos que, si bien hay planes a nivel local y que el Plan Estatal de Desarrollo contemplaba una política de protección al ambiente, ésta no se encontraba articulada y las medidas que se venían tomando en consideración eran acciones aisladas, que no tenían realmente un efecto en la sociedad”, señaló.